AUTORIZACION DE APERTURA DE DOMINGOS Y FESTIVOS CANTABRIA 2018

Orden INN/44/2017, de 24 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos
comerciales durante el año 2018.

Ámbito: Cantabria
Órgano Emisor: Consejeria De Innovacion, Industria, Turismo Y Comercio
Boletín: Boletín Oficial de Cantabria Número 210
Fecha de Publicación: 02/11/2017
El marco normativo regulatorio de los horarios comerciales fue modificado mediante el Real Decreto-Ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, dando una nueva redacción al artículo 4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios
comerciales, estableciendo que:
1. El número mínimo de domingos y días festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al público
será de dieciséis.
2. Las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus necesidades comerciales,
incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de diez el número mínimo de
domingos y festivos de apertura autorizada’.
El Gobierno de Cantabria, en atención a las necesidades comerciales de nuestra Comunidad Autónoma, ha hecho
uso de esta facultad recogida en el artículo 4.2 del Real Decreto-Ley mediante la modificación, a través de la Ley
10/2012, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013, del artículo 14.3 de la Ley 1/2002, de 26 de
febrero, del Comercio de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción: ‘El número máximo de domingos y
días festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de diez’.
De la normativa citada de desprende que el número de domingos y festivos de apertura autorizada con carácter
general para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria está fijado en diez, sin que se pueda
incrementar o reducir su número sin una previa modificación legal.
Para la determinación de estos domingos y días festivos de apertura comercial para el año 2018 se ha consultado
previamente a los agentes socioeconómicos, cámaras de comercio y organizaciones empresariales, y se han
elegido los días más adecuados tanto para la actividad comercial como para el consumidor, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 14.6 de la Ley 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.
El artículo 14.5 de la Ley 1/2002, de 26 de febrero, de Comercio de Cantabria atribuye a la Consejería competente
en materia de comercio la concreción anual de los domingos o festivos en que los comercios podrán realizar su
actividad. Pues bien, el Decreto 9/2011, de 28 de junio, de reorganización de las Consejerías de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria asigna dicha competencia a la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio.
Por todo ello, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 33.f) de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1.
Durante el año 2018, los establecimientos comerciales radicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria
podrán abrir al público, con carácter general, los domingos y festivos que se señalan a continuación:

 

7 de enero
22 de julio
28 de julio
5 de agosto
12 de agosto
16 de septiembre
1 de noviembre
25 de noviembre
8 de diciembre
23 de diciembre

 

 

Artículo 2.
La autorización para la apertura de establecimientos comerciales en las fechas señaladas en la presente Orden
se entenderá limitada por lo que disponga la normativa vigente en otras materias y, particularmente, la laboral.

Artículo 3.
A efectos de lo dispuesto en la presente Orden, se considerarán días festivos los incluidos en el calendario de
fiestas laborales para 2018, ya sean de carácter nacional, autonómico o local.
Disposición final única.
La presente orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.
Santander, 24 de octubre de 2017.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Francisco L. Martín Gallego.

  PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY 6/2017, DE 24 DE OCTUBRE, DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO

  1. Recargos por retrasos en el pago de la cuota de autónomos (entrada en vigor: 01/01/2018):

Las penalizaciones por retrasos en el pago de la cuota a las Seguridad, que actualmente suponen un recargo del 20%, se reducen a un recargo del 10% si se paga la deuda dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo.

 

  1. Devoluciones por exceso de cotización en pluriactividad (en vigor):

Hasta ahora los autónomos en situación de pluriactividad tenían que solicitar expresamente  su derecho a la devolución del 50% del exceso de cotización siempre y cuando la cuantía sea igual o superior 12.368,23€. La reforma contempla la devolución sin solicitud expresa por parte del interesado, es decir, de oficio, y se hará efectiva antes del 1 de mayo del ejercicio posterior.

 

  1. Bonificaciones en la cuota de autónomos (entrada en vigor: 01/01/2018):

Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autónomos con los siguientes tramos: 12 meses a 50 euros, 6 con una reducción del 50% de cuota (137,97 euros) y otros 6 con una reducción del 30% (cuota de 192,79 euros). Si se tratara de trabajadores menores de 30 años o mujeres menores de 35, el último tramo de reducción del 30% se ampliaría a 18 meses (36 meses en total).

Reducción de los requisitos de acceso: se flexibilizan las condiciones, reduciendo el plazo sin cotizar en autónomos a dos años en lugar de cinco como se exige ahora.

Autónomos que emprenden por segunda vez con tarifa plana: se abre la puerta a que se beneficien de nuevo de la tarifa plana siempre y cuando hayan transcurrido tres años de baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA).

Para personas discapacitadas, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo: se mantienen las cuantías y tramos: 12 meses a 50 euros y los 4 años siguientes con una bonificación del 50% (cuota de 137,97 euros/mes).

 

 

  1. Tarifa plana Para madres autónomas (en vigor):

Tarifa plana (50€ durante 12 meses) para madres autónomas que habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela reemprendan su negocio antes de dos años después del cese. Es una excepción para que no tengan que esperar a cumplir dos años desde que fueron autónomas por última vez.

 

  1. Sistema de cotización en el RETA (entrada en vigor: 01/01/2018)

1) Pago por días reales de alta: en lugar de pagar la cuota de autónomos por meses completos como hasta ahora, sólo cotizarán desde el día efectivo en que se den de alta (trámite administrativo) y hasta el día en que se den de baja, con el siguiente límite al número de altas y bajas en el año: los autónomos podrán darse hasta tres veces de alta y de baja en el mismo año. Si superaran ese número de altas y bajas, éstas surtirán efecto el primer y último día de cada mes correspondiente.

2) Cuatro plazos para los cambios de cotización: se amplia de dos a cuatro los posibles cambios anuales de base de cotización:

*Aplicación a partir del 1 de abril para las solicitudes realizadas entre el 1 de enero y 31 de marzo.

*A partir del 1 de julio para las solicitudes realizadas entre el 1 de abril y 30 de junio.

*A partir de 1 de octubre para las solicitudes realizadas entre 1 de julio y 30 de septiembre.

*A partir del 1 de enero del siguiente año para las solicitudes realizadas entre 1 de octubre y 31 de diciembre.

 

  1. Cambios en la cotización del autónomo societario (entrada en vigor: 01/01/2018)

La reforma incluye la desvinculación de la cotización del autónomo societario al SMI. La regulación pasa a estar determinada por los Presupuestos Generales del Estado.

 

  1. Medidas para favorecer la conciliación familiar (en vigor)

Además de la tarifa plana para madres autónomas que reemprendan su actividad tras haber cesado en su actividad debido a la maternidad, medida ya mencionada en el apartado 4, la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo recoge otras dos importantes medidas para favorecer la conciliación de las autónomas:

*Bonificación del 100% de la cuota durante la baja por maternidad o paternidad: los autónomos que se encuentren de descanso por maternidad, paternidad, adopción o riesgos durante el embarazo contarán con una bonificación total de la cuota de autónomos, mientras que hasta ahora debían seguir pagando su cuota de autónomos. La cuantía de la bonificación será resultante de la aplicación a la base media por contingencias comunes por la que hubiera cotizado en los doce meses inmediatamente anteriores a acogerse a la bonificación.

*Bonificación del 100% de la cuota durante un año para el cuidado de menores o personas dependientes: en este caso la bonificación sí que está supeditada a la contratación de un trabajador. Se podrá solicitar en caso de tener a cargo menores de doce años o familiares en situación de dependencia.

 

  1. Medidas para favorecer la contratación (dependerá de Ley de Presupuesto Generales del Estado):

Bonificaciones a la contratación de familiares: Los autónomos que contraten indefinidamente a familiares (cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, suegros, nietos, yernos y nueras) podrán beneficiarse de una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses. Entre los requisitos se pide que no haya habido ningún despido improcedente en los 12 meses anteriores y mantener el contrato seis meses tras el periodo bonificado. Al regirse por los presupuestos del estado, entrará en vigor previsiblemente en 2018.

 

  1. Cobro de la pensión completa del jubilado autónomo (en vigor)

Si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuente ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 100%.

 

  1. Prevención de Riesgos laborales y salud laboral del autónomo (en vigor)

Reconocimiento de accidentes “in itinere”: hasta ahora La Seguridad Social no contemplaba el accidente de trabajo “in itinere”, es decir el ocurrido en la ida o vuelta al trabajo, entre los inscritos en el RETA pero la nueva Ley elimina esta exclusión.

 

  1. Domiciliación obligatoria del pago de cuotas de autónomos (entrada en vigor: 01/01/2018): Los trabajadores autónomos tendrán la obligación de domiciliar el pago de las cuotas.

 

  1. Nuevas deducciones fiscales para los autónomos (entrada en vigor: 01/01/2018)

La Ley introduce los siguientes cambios en la determinación del rendimiento neto de actividades económicas en el régimen de estimación directa:

*Se da una regla objetiva para la deducibilidad de los gastos de suministros –agua, electricidad, gas telefonía o Internet- cuando la actividad se desarrolle en una parte de la vivienda habitual del empresario o profesional. Sobre la parte del gasto que corresponda a los metros cuadrados dedicados a la actividad en relación a los totales de la vivienda, se aplica el porcentaje del 30%. De esta forma, si tenemos una vivienda de 120 metros, de la cual dedicamos 30 metros a la actividad, y el gasto de suministro de agua es de 150€, el contribuyente podrá deducirse como gasto 150×0,25×0,3=11,25€, un 7,5€.

*Se aclara que son deducibles los gastos de manutención del contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica, con las siguientes condiciones:

  1. a) Se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería.
  2. b) Se abonen utilizando medios electrónicos de pago.
  3. c) No se supere el límite de 26,67€/día si el gasto se produce en España y 48,08€/día en el extranjero. Estos límites serán el doble si se produce pernocta.

 

El Supremo echa abajo el registro diario de las horas de trabajo

El Tribunal Supremo ha fallado que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral, por lo tanto sería exclusivamente obligatorio llevar el registro cuando se realicen horas extraordinarias o se realice la prestación de servicios a tiempo parcial.- Según el Alto Tribunal el Estatuto de los Trabajadores solo obliga a contabilizar las horas extras realizadas.    – La sentencia de 23/03/2017 rechaza «llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35.5, ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como es el principio de libertad de empresa»

La sala de lo Social del Tribunal Supremo estima un recurso de Bankia contra la sentencia que obligó a establecer un sistema de registro en la empresa (Sentencia Social Nº 207/2015, AN, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 301/2015, 04-12-2015). Para el Alto Tribunal las empresas no están obligadas, al menos hasta el momento, a llevar un registro horario, indicando que los tribunales no pueden «suplir al legislador imponiendo el establecimiento de un complicado sistema, mediante una condena genérica que obligará, necesariamente, a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto no se trata, simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte».

A pesar del rechazo a la obligatoriedad del registro, el TS admite que «convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias».

La sentencia explica del mismo modo que «la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante», aclarando que el cambio de criterio emitido «no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas tendrá a su favor del Art. 217 de la Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil), norma que no permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba que si las realizó»

NUEVAS NORMAS: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

La nueva normativa ya en vigor ha LIMITADO LOS SUPUESTOS EN LOS QUE ES POSIBLE PEDIR APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO de modo que, si un contribuyente presente declaraciones de retenciones (Modelo 115 derivadas del alquiler, Modelo 111 de trabajo o actividades económicas), IVA e Impuesto sobre Sociedades, SÓLO CABRÍA la posibilidad de aplazar el pago del IS.

Por ello, ya no será posible aplazar el pago de las autoliquidaciones del IVA del 4º trimestre de 2016 a presentar en enero de 2017.

 

DETALLE DE LA NUEVA NORMATIVA:

En concreto, se amplían los supuestos en los que la deuda tributaria no puede ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento a los siguientes:

  • Retenciones e ingresos a cuenta en todo caso. Se elimina, por tanto, la excepción normativa que contemplaba la Ley que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de estas deudas.
  • Las liquidaciones que resulten de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias (en vía administrativa o judicial) cuando previamente hayan sido suspendidas durante la tramitación del correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial.
  • Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas, no existiendo a la fecha un desarrollo de esta excepción ni de los medios para acreditar esta circunstancia.
  • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

 

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 3/2016 según la cual los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha.

Resolución 9 de febrero de 2016 del ICAC para la contabilización del Impuesto sobre Sociedades

El pasado 16 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios.

Con independencia del examen en profundidad de esta Resolución que seguramente se haga por parte la nueva Sección de Contabilidad de la AEDAF, os adelantamos ahora los aspectos más relevantes.

En primer lugar llama la atención la propia introducción o exposición de motivos de la Resolución que se convierte en referencia normativa con igual o más importancia que lo expuesto en el cuerpo normativo de la misma. Se recomienda su lectura y análisis con detenimiento.

La Resolución era desde todo punto de vista necesaria habida cuenta de las numerosas consultas relativas a la contabilización del Impuesto sobre Beneficios y la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. Hace también hincapié al denominado enfoque de balance, por contraoposición al enfoque de la cuenta de pérdidas y ganancias del Plan General Contable de 1990 (en adelante PGC 90) ya recogido en la Norma de Valoración 13ª del PGC de 2007.

La Resolución tiene veintidós artículos, una disposición derogatoria y una disposición final aunque insistimos de nuevo sobre la importancia de la introducción o exposición de motivos.

La Resolución será aplicable a todas las empresas, cualquier que sea su forma jurídica, tanto en la formulación de las cuentas individuales como, en su caso, en la elaboración de las cuentas consolidadas.

Los aspectos fundamentales de la Resolución son:

  • Activos y pasivos por impuesto corriente
    Cuando la legislación fiscal establezca la posibilidad de convertir activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración tributaria, este derecho se reconocerá como un activo por impuesto corriente solo cuando se cumplan los requisitos previstos a tal efecto por la norma fiscal. Hasta ese momento, la empresa mostrará el correspondiente activo por impuesto diferido. Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
  • Activos y pasivos por impuesto diferido
    Respecto al reconocimiento, por aplicación del principio de prudencia, solo se

    • reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.En la Resolución se especifica un caso especial para el que se presume, en todo caso, que los activos por impuesto diferidos serán recuperados; en concreto, cuando la legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración tributaria. Esto solamente sucederá en aquellos casos en los que se contemple por la legislación tributaria.La obtención de un resultado de explotación negativo en un ejercicio, no impide el reconocimiento de un activo por impuesto diferido. No obstante, cuando la empresa muestre un historial de pérdidas continuas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que no es probable la obtención de ganancias que permitan compensar las citadas bases. Habrá que precisar en su momento qué debe entenderse por un historial de pérdidas continuas ¿dos, tres o más ejercicios?

    Así, el reconocimiento de un activo debe conllevar la probabilidad de que la empresa vaya a obtener beneficios fiscales que permitan compensar las bases imponible negativas en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal, con el límite máximo de diez años (a pesar de que en la normativa fiscal ya no es de aplicación dicho plazo), contados desde la fecha de cierre del ejercicio en aquellos casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos superiores, salvo clara evidencia de lo contrario o de que la entidad tenga pasivos por impuestos diferidos (asimilables a estos efectos a las ganancias fiscales) con los que compensar las bases imponibles negativas, a no ser que el plazo de reversión del citado pasivo supere el plazo previsto por la legislación fiscal para compensar dichas bases.

    Respecto a la valoración, los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. La normativa fiscal puede establecer que, dependiendo de la forma en que la entidad vaya a recuperar (liquidar) el importe en libros de un activo (pasivo) o de la vinculación de la tributación de las ganancias fiscales a la distribución o no de dividendos, se vean afectadas alguna o ambas de las siguientes circunstancias:

      1. El tipo de gravamen nominal a aplicar cuando la entidad recupere o liquide el importe en libros del activo o pasivo.
      2. La base fiscal del activo o pasivo.

    En tales casos, la entidad procederá a medir los activos y los pasivos por impuesto diferido utilizando la tasa y la base fiscal que sean coherentes con la forma en que espere recuperar o pagar la partida correspondiente. Cuando de conformidad con la normativa aplicable exista una tarifa del impuesto sobre beneficios con diferentes tipos de gravamen, los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán utilizando el tipo medio de gravamen esperado para el momento de la reversión.

    • reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.En la Resolución se especifica un caso especial para el que se presume, en todo caso, que los activos por impuesto diferidos serán recuperados; en concreto, cuando la legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración tributaria. Esto solamente sucederá en aquellos casos en los que se contemple por la legislación tributaria.La obtención de un resultado de explotación negativo en un ejercicio, no impide el reconocimiento de un activo por impuesto diferido. No obstante, cuando la empresa muestre un historial de pérdidas continuas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que no es probable la obtención de ganancias que permitan compensar las citadas bases. Habrá que precisar en su momento qué debe entenderse por un historial de pérdidas continuas ¿dos, tres o más ejercicios?

    Así, el reconocimiento de un activo debe conllevar la probabilidad de que la empresa vaya a obtener beneficios fiscales que permitan compensar las bases imponible negativas en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal, con el límite máximo de diez años (a pesar de que en la normativa fiscal ya no es de aplicación dicho plazo), contados desde la fecha de cierre del ejercicio en aquellos casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos superiores, salvo clara evidencia de lo contrario o de que la entidad tenga pasivos por impuestos diferidos (asimilables a estos efectos a las ganancias fiscales) con los que compensar las bases imponibles negativas, a no ser que el plazo de reversión del citado pasivo supere el plazo previsto por la legislación fiscal para compensar dichas bases.

    Respecto a la valoración, los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. La normativa fiscal puede establecer que, dependiendo de la forma en que la entidad vaya a recuperar (liquidar) el importe en libros de un activo (pasivo) o de la vinculación de la tributación de las ganancias fiscales a la distribución o no de dividendos, se vean afectadas alguna o ambas de las siguientes circunstancias:

      1. El tipo de gravamen nominal a aplicar cuando la entidad recupere o liquide el importe en libros del activo o pasivo.
      2. La base fiscal del activo o pasivo.

    En tales casos, la entidad procederá a medir los activos y los pasivos por impuesto diferido utilizando la tasa y la base fiscal que sean coherentes con la forma en que espere recuperar o pagar la partida correspondiente. Cuando de conformidad con la normativa aplicable exista una tarifa del impuesto sobre beneficios con diferentes tipos de gravamen, los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán utilizando el tipo medio de gravamen esperado para el momento de la reversión.

NUEVAS RETENCIONES PARA 2016 – Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio.

A partir del 1 de enero de 2016 entra en vigor la nueva modificación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas publicado en el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del IRPF y otras medidas de carácter económico.

A continuación mostramos  las principales modificaciones previstas para 2016:

FUERZA VINCULANTE DE LAS DISPOSICIONES INTERPRETATIVAS DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS, LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS Y LAS RESOLUCIONES DEL TEAC

Por PALMIRA GARCIA

 

El artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, relativo a la Interpretación de las Normas Tributarias, ha sido modificado por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT. La nueva redacción de su apartado tercero, en vigor desde el 12 de octubre de 2015, amplía la facultad, en el ámbito de las competencias del Estado,  de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias  de las leyes y demás normas en materia tributaria -antes atribuida en exclusiva al Ministerio de Hacienda- a  determinados órganos de las Administración Tributarias, en concreto a los órganos del 88.5 de la LGT a los que otorga las competencias para contestar a las consultas tributarias, la Dirección General de Tributos, en adelante DGT.

En primer lugar, debemos destacar que se mantiene el objetivo de estas disposiciones, que sigue siendo la interpretación o  la aclaración de las leyes y normas tributarias, y que –desde la entrada en vigor de la modificación citada- podrán ser dictadas también por la DGT, pero en este caso, a diferencia de las contestaciones a consultas, sin necesidad de ser instados por terceras partes o realizarse a requerimiento, solicitud o consulta. El órgano que dicte la disposición valorará, y esto es otra novedad, la posibilidad de someter las mismas a información pública, siempre que “la naturaleza de las mismas lo aconseje”. Se mantiene la publicación en el Boletín Oficial de estas disposiciones.

Sin   embargo, la fuerza vinculante de estas disposiciones varía en función del órgano que las dicta. En caso de proceder del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “serán de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Administración Tributaria”, mientras que si proceden de otros órganos de la Administración “tendrán efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración Tributaria encargados de la aplicación de los tributos”, lo cual implica que en este caso no vincularán con su criterio a los Tribunales Económico-Administrativos.

 

En cuanto a las consultas tributarias, su regulación viene recogida en los artículos 88 y 89 de la LGT, encuadrados en la Sección 2ª-Información y Asistencia a los Obligados Tributarios del Capítulo Primero-Principios Generales del Título III- Aplicación de los Tributos y desarrollada en los artículos 65 y siguientes del Real decreto  Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Este medio de información se ha configurado como una facultad de los obligados tributarios para conocer el criterio de la Administración respecto de la aplicación de las normas a su situación u operaciones concretas, constituyendo hoy en día un pilar fundamental en cuanto a la transmisión de información a los contribuyentes y en cuanto a la seguridad jurídica que proporciona, por su vinculación y publicación.

Frente a las disposiciones interpretativas o aclaratorias, que son iniciativa de órgano que las dicta, las contestaciones se emitan a la consulta realizada por escrito por el obligado tributario (aunque también están legitimadas para formularlas  colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales y otras entidades cuando se refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados), con el requisito temporal de que la consulta debe realizarse antes de que finalice el plazo para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias, pudiendo ser inadmitida la consulta en caso contrario. La DGT, como órgano competente, tiene la obligación de contestar por escrito a las consultas realizadas, siendo el plazo establecido para el procedimiento de seis meses.

Conforme a la Memoria de la Administración Tributaria del año 2013, la última publicada a la fecha, en dicho año se emitieron 3.648 contestaciones a consultas, de las cuales un 30,8 por 100 se refirieron al IVA, un 28,4 al IRPF y un 20,7 al IS.

En cuanto a la publicación de dichas contestaciones, el artículo 86 de la LGT establece que el “el Ministerio de Hacienda difundirá periódicamente las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión”. En cuanto a la publicidad de las contestaciones a las consultas emitidas por la DGT, la misma se realiza ampliamente a través de la página web de la AEAT. A dicha publicidad cabe objetar, por un lado, que el buscador debe ser mejorado, a efectos de ofrecer una mejor información a la vez que lo más acotada posible y, por otra, que en demasiadas ocasiones los 

antecedentes de hecho que se publican resultan demasiado escuetos, de forma que sólo el contribuyente que ha planteado la consulta y la administración conocen los antecedentes completos mientras para otros obligados tributarios resulta difícil determinar la identidad de dichos antecedentes con los suyos propios.

Los órganos de la Administración encargados de la aplicación de los tributos quedan vinculados, respecto del consultante, por su propia contestación, y ello siempre y cuando no se modifiquen la legislación o la jurisprudencia aplicables al caso. Sin embargo, el consultante no está obligado a seguir la interpretación manifestada por la Administración  en dicha contestación. En cuanto a otros obligados tributarios,  los órganos de la Administración encargados de la aplicación de los tributos están obligados a aplicar los criterios contenidos en las contestaciones a consultas escritas, siempre que exista una identidad entre los hechos y las circunstancias de dicho obligado tributario y los que se incluyen en la contestación a la consulta. De aquí la gran importancia de la publicidad de las contestaciones, ya que suponen una medio idóneo para conocer la interpretación de la Administración tributaria, y la seguridad jurídica que aporta, dado que son de obligado cumplimiento por los órganos de gestión e inspección existiendo identidad de hechos y circunstancias.

 

Finalmente, es necesario hacer referencia a doctrina vinculante del TEAC, conforme a lo previsto por los artículos 239.8 y 242.4 de la LGT. Resulta vinculante, para todos los órganos de la Administración tributaria, la doctrina que de modo reiterado establezca el TEAC y los criterios establecidos en las resoluciones, estimatorias y desestimatorias, de los recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio. Adicionalmente, vinculará, en cada Tribunal Económico-Administrativo, el criterio sentado por su Pleno a las Salas y el de ambos a los órganos unipersonales

Por lo tanto, tendrán fuerza vinculante para toda la Administración tributaria tanto la doctrina vinculante del TEAC como las disposiciones interpretativas o aclaratorias  de las leyes y demás normas en materia tributaria emitidas por el Ministerio de Hacienda.

Recientemente se ha pronunciado el TEAC sobre la fuerza vinculante de las contestaciones a consultas y de sus propias Resoluciones. Así en varias Resoluciones emitidas el 10 de septiembre de 2015, dictadas en diversos recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio presentados por el Director General de Tributos y el Director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, en los que éstos alegaban en su recurso contestaciones a consultas emitidas por la DGT, el TEAC recuerda que estas contestaciones no son vinculantes para los tribunales económico-administrativos,  aunque sí lo sean para los órganos de gestión e inspección, es decir, para los órganos encargados de la aplicación de los tributos. Más novedosas son dos resoluciones del propio TEAC de 22 de septiembre de 2015, en las que se abordar el problema de interpretación de dicha “no vinculación” que había surgido a raíz de las resoluciones de algunos tribunales económico-administrativos que habían entendido que al no estar vinculados por las contestaciones a consultas de la DGT podían apartarse de su criterio tanto en las resoluciones que emitían a favor del obligado tributario –cuando éste discrepaba de dichas contestaciones- como en contra de dicho obligado –cuando éste alegaba una contestación de la DGT en contra

del criterio seguido por un órgano de inspección o gestión. El TEAC señala en estas resoluciones que la vinculación de los órganos de aplicación de los tributos a las contestaciones a consultas, cuando existe identidad entre los hechos y circunstancias del caso y los de la contestación, genera en el obligado tributario un “derecho subjetivo oponible con ocasión de la revisión del acto, cuya vulneración exige la anulación del acto”.

En cuanto a la publicidad de las Resoluciones del TEAC, el ya citado artículo 86 de la LGT establece la obligación del Ministerio de Hacienda de difundir “las que considere de mayor trascendencia y repercusión”. A diferencia de la amplia difusión que se realiza de las contestaciones a las consultas tributarias, las Resoluciones del TEAC carecen de dicha difusión, cuando sin embargo vinculan a toda la Administración tributaria. Como muestra, se señala que en la última Memoria del TEAC publicada, la correspondiente a 2013, se informa de que durante ese año el TEAC dictó 6.245 Resoluciones, mientras que las publicadas en la base de datos de dicho no alcanzan las doscientas, lo que evidentemente limita el derecho a la defensa y resta seguridad jurídica al obligado tributario.

 

NOTA TÉCNICA 7A/2015 : CAMBIOS LSC EN LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION

Como continuación a la nota técnica anterior, se exponen a continuación las modificaciones de la Ley 1/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo que afectan a la Junta General y derechos de los accionistas:

 

AMPLIACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se refuerza la participación y decisión de la Junta en las decisiones de la sociedad:

  • Se reserva a la Junta la aprobación de las decisiones sobre la adquisición, enajenación o aportación de activos esenciales (se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado).

 

  • Se extiende la posibilidad de que la junta pueda impartir instrucciones en materia de gestión a los administradores (salvo limitación en los Estatutos).

 

VOTACIÓN SEPARADA DE ACUERDOS INDEPENDIENTES:

Al objeto de garantizar los derechos de los accionistas minoritarios, se exige la votación separada de acuerdos independientes.

 

ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN JUNTA GENERAL- SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se aclaran las dudas en cuanto al cómputo de la mayoría. Los acuerdos ordinarios requerirán mayoría simple (más votos a favor que en contra), mientras que para los acuerdos especiales será necesaria la mayoría absoluta (más de la mitad de las acciones presentes o representadas en la junta), salvo en segunda convocatoria cuando concurran accionistas entre el 25% y el 50% del capital suscrito con derecho a voto, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de dos tercios del capital presente o representado.

DERECHOS DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS- SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se diferencia entre las consecuencias jurídicas de las distintas modalidades del derecho de información. La vulneración del derecho de información ejercitado durante la junta general solo facultará al accionista a exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que le hayan causado, pero no será causa de impugnación de la junta general. También se introducen cautelas para su ejercicio dentro de la buena fe, evitando un ejercicio abusivo.

 

DERECHO DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS-SOCIEDADES COTIZADAS.

Se reduce del 5 al 3% el porcentaje fijado para el ejercicio de ciertos derechos de los accionistas minoritarios.

NOTA TÉCNICA 6/2015 : CAMBIOS LSC EN LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cumplió con la previsión de habilitación al Gobierno para refundir en un único texto diversas normas legales, habiendo sufrido numerosas modificaciones desde su publicación.

 

La más amplia de las recientes modificaciones es la contenida en la Ley 1/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, que pretende modernizar y mejorar la gobernanza de las sociedades de capital, aprobando modificaciones que afectan tanto a la Junta General de Accionistas como al Órgano de Administración.

 

A continuación nos referimos  a las modificaciones más significativas que afectan a la regulación del Órgano de Administración (con exclusión de las modificaciones que se refieren exclusivamente a las sociedades cotizadas).

 

  1. ESTATUTO DE LOS ADMINISTRADORES: DEBERES Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

 

Para todo tipo de sociedades, se tipifican de forma más precisa los deberes de diligencia y lealtad, y los procedimientos que han de seguirse en caso de conflicto de intereses.

 

En cuanto al régimen de responsabilidades, se introducen modificaciones relevantes como:

  • La necesidad de que concurra dolo o culpa en las actuaciones de los administradores para que incurran en responsabilidad.
  • Presunción, que admite prueba en contrario, de la culpabilidad si el acto es contrario a la lay o los estatutos.
  • Se extiende el ámbito subjetivo de la responsabilidad a los administradores con cargo caducado, administradores de hecho ya la persona física representante del administrador persona jurídica.
    1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

     

    Se introducen modificaciones que afectan exclusivamente al Consejo de Administración como Órgano de Administración de la sociedad:

    • Se reservan ciertas facultades al consejo de administración como indelegables[1].
    • Se establecen un MÍNIMO de cuatro reuniones anuales, una por trimestre, debiendo los consejeros asistir personalmente a las sesiones del consejo. En caso de representación para la asistencia a un consejo, los consejeros no ejecutivos solo podrán delegar en otro consejero no ejecutivo

     

    1. RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

     

    • El sistema de remuneración debe ser razonable, acorde con la situación económica de la sociedad, con las funciones y responsabilidades desarrolladas por los administradores y debe estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad a largo plazo.

     

    • Los estatutos establecerán el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones como tales, así como el concepto o conceptos retributivos. La remuneración anual del conjunto de los administradores deberá ser aprobada por la Junta.

     

    • Se introduce la obligación de que los consejeros delegados firmen un contrato con la sociedad, que deberá ser aprobado por 2/ 3 del resto del consejo, que detallará todos los conceptos de la remuneración.

     

    1. CONTENIDO DEL INFORME DE GESTIÓN

    Las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada deberán indicar en el informe de gestión el periodo medio de pago a sus proveedores; en caso de que dicho periodo medio sea superior al máximo establecido en la normativa de morosidad, habrán

    de indicarse asimismo las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para su reducción hasta alcanzar dicho máximo.

     

    1. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

    La Ley 9/2015 modificó la LSC en el sentido de facultar al órgano de administración para el cambio de domicilio social en todo el territorio nacional (con anterioridad estaba limitada su facultad al mismo término municipal).

     

    [1]

    a) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado.

    b) La determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad.

    c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 230.

    d) Su propia organización y funcionamiento.

    e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general.

    f) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser delegada.

    g) El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato.

    h) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.

    i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general.

    j) La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos.

    k) La política relativa a las acciones o participaciones propias.

    l) Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.